El exprocurador mencionó, incluso, que puede haber quedado la sensación en los magistrados de la Corte IDH de que la acción de amparo que se interpuso contra la sentencia de Javier Villa Stein tuvo como finalidad evitar o sustraer el conocimiento respecto a esta etapa del proceso a la Corte.
“La Corte lo que está verificando es si se está ejecutando debida o adecuadamente sus sentencias, aquí no se puede pedir a la Corte que se abstenga de conocer, porque no se ha agotado todavía la competencia nacional, sobre todo la ordinaria. Lo que hay es una acción de amparo, pero esto no puede afirmarse que implica una falta o agotamiento de competencia nacional que son los argumentos que se utilizan como excepción para evitar el pronunciamiento de la Corte”, precisó.
“Esto no se da en este caso, los que conocen medianamente la legislación internacional, el ordenamiento que rige la Corte, queda totalmente claro que este es un supuesto totalmente distinto”, indicó. Se podría tener la idea que buscan evitar un pronunciamiento Sin embargo, dijo que la acción de amparo que presentó el Estado Peruano fue una reacción contra este fallo y consideró que el problema surge cuando es utilizada ante la Corte como argumento para que se abstenga en pronunciarse. Enfatizó que aún no se ha agotado la vía interna.
“Esto podría generar incluso en los magistrados [de la Corte] la idea que el Estado ha pretendido utilizar esta acción de amparo como un medio para evitar el pronunciamiento en la Corte. Esta intervención es lamentable puesto que en lugar de mostrar el interés del Estado Peruano en aclarar, en corregir este fallo que ha sido criticado por el presidente de la República, del primer ministro, el ministro de Justicia, en lugar de seguir con esa línea de crítica y marcando distancia, se presenta esta acción como un medio para evitar el pronunciamiento en la Corte, pues no es el momento ni la oportunidad, porque ya la Corte en su momento decidió la procedencia y la pertinencia del proceso”, enfatizó.
En este sentido, sugirió a los funcionarios de Estado que no se aventuren si es que se realizan este tipo de presentaciones ante la corte internacional. Advirtió que se debe ser consciente de la magnitud y del cargo que ellos asumen.
“Este uso indebido y argumento utilizado por el Estado Peruano podría generar esta sensación entre los magistrados de la Corte que no se es muy claro en su posición respecto de lo que es compromiso de lucha contra la impunidad, a favor de los derechos humanos”, recalcó.