Corte de Lima: No existe impedimento legal para que condenados por terrorismo enseñen en las escuelas

Ideeleradio.- No existe ningún impedimento jurídico ni constitucional para que una persona que ya cumplió su pena y se encuentre sentenciada pueda regresar a ejercer sus derechos civiles, aclaró el presidente de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama More.

Fue al comentar las declaraciones del presidente del Poder Judicial César San Martín, quien consideró absolutamente razonable que los maestros sentenciados por terrorismo que han recobrado la libertad tras cumplir su condena, no vuelvan a enseñar en los colegios.

“Bueno, en principio, lo que tendríamos que reconocer es que si una persona [sentenciada por el delito que fuera, en este caso por terrorismo] cumplió su pena - salvo que la pena haya establecido una limitación en el ejercicio de sus derechos civiles- podría ejercer cualquier tipo de actividad compatible digamos con su quehacer cotidiano en el marco y jurídico y constitucional”, anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Obviamente, dependerá [esto] de las autoridades a quienes deberían contratarse para que los alumnos estén a buen recaudo respecto a la enseñanza que reciben”, agregó.

El presidente de la Corte de Lima consideró, en este aspecto, que si se busca impedir que personas sentenciadas por terrorismo ejerzan sus labores en el magisterio, debería de existir una norma expresa que lo prohíba.

“Si se quisiera establecer certeramente que esta persona [sentenciada por terrorismo] no enseñe en los colegios [entonces], debería haber una norma expresa que lo prohíba. En términos generales, las únicas limitaciones que tiene una persona que tiene condena es que la propia sentencia lo haya establecido [lo inhabilite en determinada función] o en su defecto que la propia ley lo prohíba”, manifestó.

En este aspecto precisó que debe ser el Estado y las propias autoridades educativas, las que deberían establecer el perfil del docente que se desea tener en las escuelas públicas del país.

 “Ya es el Estado y las autoridades educativas que tienen que establecer qué persona es la idónea para que impartir educación en los colegios y digamos en base a las pautas que pueden establecerse tratativas, establecer los criterios para que se pueda establecer esto así, porque esto no se puede establecer de manera automática”, argumentó.

En otro momento, al referirse al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales aclaró que no estamos en una dictadura y por tanto nadie debe ser perseguido por sus ideas. Dijo que será la población la que identifique si existe compatibilidad con el sistema democrático.

 “[Sobre Movadef] Creo que nadie debe ser perseguido por sus ideas […] No hay prohibición política, constitucional o legal para que alguien que está afiliado a un partido político. Será la propia población, los ciudadanos quienes identifiquen  los que son compatibles con el sistema democrático y quiénes no. Las opciones políticas no pueden ser perseguidas, menos las ideológicas, sino estaríamos en una dictadura. Contra una posición política o ideológica, la respuesta es criticar esa postura y en todo caso convencer que no es la correcta”, señaló.

“¿Cuál es el límite? Cuando ya no estamos en el terreno de las ideas, estamos en el terreno de los hechos, hay una confrontación con el sistema jurídico, porque castigo sanciona hechos contrarios al ordenamiento jurídico. Salvo en el caso de la apología, que tiene que ver con ensalzar los hechos delictuosos, pero detrás siempre tiene que ver un hecho especifico que vincule con el ordenamiento penal y produzca una sanción”, detalló.

Por otro lado, declaró que todos los sentenciados por terrorismo tienen todo el derecho a integrarse nuevamente a la sociedad al haber cumplido con su condena.

“[¿Qué se debe hacer con los terroristas que están próximos a salir en libertad?] Nada simplemente salen, si cumplen su pena, terminó el plazo que la sentencia estableció para que estén detenidos y deben salir en libertad, que no salgan es un delito. Creo que los partidos políticos cumplen un rol importante en el debate de las ideas y de las posturas alternativas a la problemática del país y además es importante que el Estado prevean mecanismos que puedan poner a buen recaudo la seguridad del país.”, subrayó.

“Pero ellos [los condenados por terrorismo] como cualquier otro ciudadano, recuperar su libertad y la posibilidad de integrarse a la sociedad es algo válido. Creo que eso pone a prueba el Estado para responder a este hecho”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que se deben establecer ciertos mecanismos para que una persona sentenciada y que haya recuperado su libertad, no se sienta de alguna manera “acosada” por el Estado.

 Opinó que deben ser los propios dirigentes y gremios sindicales, los que deben decidir si desean que estas personas las representen. “Tendrían que verse mecanismos de tal manera que la persona no se sienta tampoco acosada [sentenciada por terrorismo] […] Creo que deber ser los propios maestros [del Sutep] los que decidan sí corresponde a estas personas [del Movadef o Conare] que los representen. Tengo entendido que los maestros han dicho que determinados dirigentes que han estado involucrados al Movadef ya no sean sus dirigentes”, concluyó.