Lo justo: Gregorio Santos seguirá su proceso en libertad

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Gregorio Santos - Foto - El Comercio
Gregorio Santos - Foto - El Comercio

Después de estar 25 meses en la cárcel, Gregorio Santos afrontará el resto de su proceso penal en libertad. Y es que hace unos días, la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones del Poder Judicial revocó la resolución que, inexplicablemente, ordenó siete meses más de prisión preventiva para Santos.

Recordemos que a Santos primero le dieron 14 meses de prisión preventiva y posteriormente, 11 meses más, que vencían el pasado 24 de julio. Pero cuando se esperaba su salida del penal, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió un nuevo pedido de prolongación de prisión preventiva por un plazo de siete meses, la cual vencería el 23 de febrero de 2017.

Esto ocurrió a pesar de que tan solo un día antes la Corte Suprema había resuelto, de manera favorable a la libertad de Santos, el recurso de casación presentado por las partes del proceso. En su sentencia, la máxima instancia del Poder Judicial rechazó que la medida se prolongará por 22 meses más –que era el deseo del Ministerio Público– y confirmó la prolongación de 11 meses, próximos a vencer.

Como era de esperarse, la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue apelada por la defensa de Santos. De allí que la Sala Penal Nacional de Apelaciones haya tenido que entrar a analizar si debía proceder o no esta segunda prolongación de su prisión preventiva, decidiendo finalmente que el requerimiento de prolongación era infundado.

Tal como puede revisarse en su resolución, la Sala sustentó su decisión en la inexistencia de las condiciones establecidas por ley –en el artículo 274, inciso 1, del Código Procesal Penal–, para poder prolongar la prisión preventiva de Santos: i) que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación; y (ii) que subsista el riesgo de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia (peligro de fuga) o de que obstaculice la actividad probatoria (peligro de obstaculización).

A criterio del tribunal, no se ha acreditado la concurrencia de una especial dificultad o prolongación en el proceso, pues considera que lejos de haberse incrementado la complejidad del caso, esta ha disminuido, ya que actualmente la investigación abarca menos delitos y menos imputados que antes, cuando el caso fue calificado como hipercomplejo tanto por la Sala Penal Nacional, al evaluar la primera prolongación de prisión preventiva (de 11 meses), como por la Corte Suprema en su sentencia de casación.

En opinión de la Sala, el único argumento nuevo del Ministerio Público para justificar la necesidad de una nueva prolongación de prisión preventiva, que está referido a la duración de la etapa intermedia, no sería un argumento válido pues trata de una circunstancia consustancial a todo proceso tramitado bajo el Código Procesal Penal, donde es lógico que la realización de los actos propios de la etapa intermedia demande tiempo.

Dicho ello, afirma el tribunal que tampoco se ha acreditado el peligro procesal, es decir, ni el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización. Sobre el riesgo de fuga, señaló que si bien la resolución que fue apelada consideró que existía peligro de fuga, por la gravedad de la pena que se le impondría a Santos (24 años), así como por la frustración política que sufriría ante una eventual condena; esa posibilidad podría evitarse imponiendo una medida menos gravosa como lo es la libertad sujeta a reglas de conducta.

De igual manera, descartó los argumentos de primera instancia para sostener la existencia del peligro de obstaculización. En la resolución apelada se decía que Santos podría alterar las pruebas ya que tendría injerencia en el gobierno regional de Cajamarca, debido a que (i) en la audiencia de cese de prisión preventiva, llevada a cabo en diciembre de 2014, habría indicado que dio órdenes para que los funcionarios dieran facilidades para la investigación; y porque (ii) ofreció como perito de parte a un funcionario del gobierno regional.

La Sala consideró que ninguno de esos hechos indica perturbación de las investigaciones, pues de ser cierto el primer hecho, lo que demostraría es una intención de coadyuvar a la investigación, y respecto al segundo, el Código Procesal Penal prevé mecanismos para oponerse o cuestionar la participación de peritos y testigos que tengan algún impedimento. Y afirmó que el riesgo de que pueda Santos pueda tener injerencia en las fuentes y órganos de prueba que tienen que ver con el esclarecimiento del caso, es un riesgo que puede evitarse con la imposición de reglas de conducta.

Es bajo esas consideraciones que la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones decidió revocar la resolución de primera instancia y dictar para Gregorio Santos una medida de comparecencia restringida, imponiendo las siguientes reglas de conducta: a) no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso; b) abstenerse de concurrir al domicilio y centros de trabajo de los testigos, peritos y otras personas vinculadas a la investigación; c) concurrir cada 30 días al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; y d) pagar una caución de 100 mil soles.

Por fin, entonces, se ha dictado una medida ajustada a ley. La nueva prolongación de la prisión preventiva de Santos era un abuso porque, tal como desde el IDL advertimos a través de nuestro pronunciamiento en relación a este caso, no se cumplían los requisitos legales. Ahora sí, es lo justo.

Consideraciones finales
• Disponer la prisión preventiva de una persona debe ser absolutamente excepcional. La regla es que quien está siendo investigado penalmente afronte su proceso en libertad y no desde la cárcel. Y esto aplica tanto para el caso de Santos, como para los miles de casos que todos los días se dan en el país.

  • El caso de Gregorio Santos es tan solo una muestra del exceso de prisión preventiva. Recordemos que más del 51% de presos en Perú no tiene condena, lo que demuestra el nivel de incumplimiento del carácter excepcional de la prisión preventiva. Por eso el nuevo gobierno tiene ahora la oportunidad (y la responsabilidad) de impulsar medidas contra el abuso de prisión preventiva existente en el país. No hacer nada para cambiar esta situación no solo implica altos costos para el Estado peruano (pensemos en los costos que genera mantener casi 40 mil presos sin condena), sino una violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos de miles de personas.
  • Lo justo es que Santos siga el resto de su proceso en libertad, pero es necesario aclarar que esto es al margen de su inocencia o culpabilidad. De hecho, lo mismo ha sido precisado por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, cuando señala en su resolución que “Disponer su excarcelación por vencimiento del plazo de su prisión preventiva no implica una declaración de inocencia a favor de Santos; su proceso continuará hasta que una sentencia firme establezca que es inocente o culpable”. Las decisiones en torno a la prisión preventiva de una persona no deben ser entendidos ni como pronunciamientos a favor de su inocencia, ni de su culpabilidad. Esto es así y debe ser así para todos los casos, incluido el de Santos.

(Fabiola Franceza Omonte)

 

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