Encrucijada: Mensajes anticorrupción y reforma de la justicia de PPK y del fujimorismo

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Pedro Pablo Kuczynki
Pedro Pablo Kuczynki - Foto: AgendaPais

El mensaje a la Nación del presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, fue diferente.

No solo por su corta duración (algo que saludamos), sino también porque expuso principalmente compromisos al país y no –como suele pasar– un listado de cifras, porcentajes y medidas concretas. Las opiniones en relación a si esto fue positivo o no están divididas. Lo cierto es que lo dicho por el presidente ha sido bastante general y deja al aire un sinnúmero de preguntas sobre cómo se harán todos estos sueños.

Y él mismo, previendo esto, ha indicado que lo señalado será desarrollado en la presentación del gabinete ministerial en el Pleno del Congreso, cuando solicite la delegación de facultades legislativas para que el nuevo gobierno inicie su “revolución social”, tal como llama a su programa.

En lo que no queda duda es que PPK tiene entre sus seis metas prioritarias para el país a la lucha anticorrupción (junto a agua-desagüe, educación, salud, formalización, infraestructura), y que para que este combate sea ganado se necesita una justicia profundamente reformada. El mensaje aquí fue claro y hay que saludarlo. Desde el IDL – Justicia Viva, siempre hemos destacado que la lucha contra la corrupción no podrá ser real en tanto se tenga impunidad en este tipo de delitos y se pase por agua tibia la dejadez con que algunos sectores de la judicatura tratan el tema e incluso, algunas veces, se vuelven cómplices de la corrupción o actores de ésta.

Así, el presidente al inicio de su discurso, y como primer punto temático del mismo, habló de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Indicó que no permitirá la coima, ni que sus colaboradores más cercanos caigan “en la indignidad de la corrupción”, y que quien delinca acabará ante la justicia, pero no una justicia cualquiera, sino una “profundamente reformada”. A esto sumó la necesidad de “tener una autoridad especial de luchar contra la corrupción, con toda la independencia y autonomía necesaria”; y finalmente invocó el compromiso de la sociedad en esta lucha (ver discurso, a partir de minuto 15.30).

Un punto fundamental del discurso fue la necesidad de que el Congreso colabore en la lucha contra la corrupción. Pese a este pedido expreso, Fuerza Popular ya adelantó que solo otorgará facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Es decir la lucha anticorrupción también será un punto de disputa entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista.

Como para corroborar esta sensación la congresista Yeni Vilcatoma el día lunes 1° de agosto, mediante redes sociales, anunció que había presentado un proyecto de ley para la creación de la Procuraduría General de la República autónoma, e hizo público el articulado de su propuesta (ver aquí). Lamentablemente, hasta ahora no se puede ingresar al texto completo de la propuesta en la web del Congreso para conocer su fundamentación.

Deficiente propuesta de Procuraduría General Autónoma

La propuesta de la doctora Vilcatoma sigue la línea del plan de gobierno de Fuerza Popular. En esa medida, adolece de las mismas deficiencias que se señalaran en su momento respecto a esa propuesta. La primera crítica es que resulta muy preocupante que proponga al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como ente que nombre a los procuradores. Como lo venimos denunciando desde hace tiempo, esta instancia actualmente pasa por una grave crisis de legitimidad, producto de una forma de elección de sus integrantes poco transparente y con una serie de irregularidades cometidas por sus propios integrantes. En este momento, no se puede dar más facultades a un órgano que necesita una reforma urgente (ver: PPK y la reforma que se espera en el CNM). Esta propuesta evidencia dos cosas: o que Fuerza Popular desconoce lo que ocurre en el CNM, o que simplemente no le interesa. Lo último sería mucho más grave.

Junto a esto, nos preguntamos si realmente para la lucha contra la corrupción se necesita crear un órgano independiente más con las características que tienen las procuradurías. Recordemos que las procuradurías tienen como fin defender los intereses de las instituciones del Estado. En esta medida hay procuradurías constitucionales, supranacionales, antiterroristas, aparte de las procuradurías anticorrupción, de lavado de activos y de narcotráfico que están ligadas estrictamente a temas de lucha contra la corrupción. Es cierto que las procuradurías necesitan ser integradas por personas independientes y correctas, pero eso no se logrará con un proyecto de ley como este (sobre todo si se deja en manos de un CNM deslegitimado). También es evidente que la lucha contra la corrupción necesita mucho más que procuradurías.

Por un lado, creemos que lo que necesitan las procuradurías para ser autónomas son integrantes honestos y capaces; y la mejor forma de lograr esto es incluyendo reglas de transparencia y una forma de elección abierta a la ciudadanía; situación que no sucede ahora. En su momento proponíamos que “al actual mecanismo de elección (a través de una terna propuesta por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y a partir de la evaluación de los requisitos exigidos tanto en el artículo 12.2 del Decreto Legislativo N° 1068 como en la Resolución Ministerial N° 0229-2009-JUS) se le debe incorporar mecanismos específicos de publicidad y participación ciudadana, entre ellos, la publicación tanto en el diario El Peruano, y en otro diario de circulación nacional, de la terna presentada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado inmediatamente esta sea propuesta, la posibilidad de interponer tachas debidamente sustentadas ante el Ministerio correspondiente y estableciendo un plazo razonable para su presentación, así como la obligación de los candidatos de presentar una exposición de sus principales propuestas para el cargo” (ver: aquí).

Lo que necesita la lucha contra la corrupción

Por otro lado, creemos que la lucha contra la corrupción necesita voluntad para no dejar en impunidad su sanción, y para ello es imperativo tomar atención a los entes judiciales (Poder Judicial y Fiscalía), a fin de que se comprometan con esta política. Esta idea la exhibió PPK. Sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad de cómo el Ejecutivo plasmará algunas de las medidas anticorrupción anunciadas.

Desde IDL – Justicia Viva, hemos señalado una serie de medidas prioritarias (ver La derrota de la lucha contra la corrupción y la agenda pendiente), relacionadas a lo expuesto por PPK.

Hay que fijarse principalmente en lo que ocurre en las instancias judiciales: modernizarlas, hacerlas más dinámicas y transparentes para enfrentar el flagelo de la corrupción y su impunidad. En esta medida nuestras propuestas están dirigidas a encontrar funcionarios decididos a luchar contra la impunidad en los casos de corrupción:

1. La necesidad de crear la figura del Procurador General Anticorrupción o una autoridad general anticorrupción (el nombre es lo de menos). El fin es contar con una persona capaz e independiente encargada de crear un real espacio de coordinación, fortalecimiento entre las instancias de investigación, procesamiento y sanción de la corrupción en nuestro país. Con esto se quiere generar una dinámica con capacidad de dar soluciones rápidas a problemas en torno a la sanción de la corrupción. Creemos que se debe priorizar un trabajo ágil y efectivo y, para ello, se tendría que desaparecer organismos poco dinámicos como la Comisión de Alto Nivel Contra la Corrupción, una instancia que por la forma como estuvo configurada no dio los resultados deseados.

Esta autoridad deberá crear un espacio de coordinación y fortalecimiento entre las instancias de investigación, procesamiento y sanción, es decir: 1) la policía anticorrupción; 2) las fiscalías anticorrupción y de lavados de activos; 3) la unidad de inteligencia financiera; 4) la procuradurías anticorrupción y de lavado de activos; y 5) los juzgados y salas anticorrupción, en lo que corresponda. Este funcionario se debe dedicar a armar un equipo cualificado, especializado y de confianza (especialmente alejados de poderes políticos, como de facto) que integren todas las instancias anticorrupción. Este coordinador y su equipo (especializado y multidisciplinario) tendrían que pensar y a establecer estrategias para evitar la impunidad en los casos de corrupción. Por ejemplo, analizar cómo está afectando el Código Procesal Penal en la sanción de este tipo de delitos, y que busque capacitar al personal, trayendo especialistas de afuera; que ya hayan enfrentado graves casos de corrupción como los integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o los fiscales brasileños encargados de conocer causas como Lava Jato.

Esta no es una propuesta nueva, porque en el año 2011 también se propuso y fue recogida por el Presidente Ollanta Humala, sin embargo nunca se plasmó.

2. La transparencia de la elección de altas autoridades judiciales. La presidencia del Poder Judicial y del Fiscal de la Nación son los cargos más importantes de la administración de justicia. Parte de la desconfianza ciudadana en la judicatura es debido a que estas instancias siguen siendo un enigma para la población. Por ello, siendo muy respetuosos de la independencia de la judicatura, es necesario abrir la discusión sobre quiénes serán sus altas autoridades a fin de generar una dinámica ciudadana participativa que, a la vez, ayudará a tener requisitos adecuados, plazos y reglas claras en el proceso de elegir a sus máximas autoridades. Creemos que esta es una forma de generar la presencia y permanencia en cargos clave de personas probas y comprometidas con la lucha contra la corrupción en las instituciones del sistema de justicia.

Se busca que los candidatos a estos cargos cumplan ciertos requisitos mínimos, así como incorporar plazos, reglas claras, y etapas participativas para la ciudadanía como: la difusión de hojas de vida y propuesta de trabajo de candidatos, interposición de tachas a candidatos que se consideren poco adecuados y deliberación o escrutinio público de los candidatos o candidatas y sus propuestas. Desde IDL contamos ya con un proyecto de ley elaborado.

3. Otra medida esencial es reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para que recobre por fin su legitimidad. Se tiene toda una propuesta para la recuperación de esta instancia que pasa por la expulsión de los consejeros cuestionados, hasta mejoras de los mecanismos de su elección.

También resulta importante la aprobación de leyes como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación perpetua del cargo para aquellos funcionarios públicos que han sido encontrados culpables de casos de corrupción.

Más allá de éstas medidas relacionadas directamente al sector justicia y a la creación de una autoridad anticorrupción, existen otras que tienen que ver con la Contraloría de la República, la legislación de lobbies o la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, propuestas a las que no se ha referido PPK pero que son necesarias.

Lucha anticorrupción en la encrucijada

Creemos que la inclinación de PPK es acertada en relación a la lucha contra la impunidad en materia de corrupción, aunque todavía no sabemos si tiene claridad en cómo hacerlas realidad.

Hasta ahora las respuestas han sido tan vagas que parece que hay mucha confusión desde el gobierno sobre cómo plasmar estas ideas. Por otro lado, tenemos a un fujimorismo que, hasta el momento, no apoyará el Ejecutivo en las políticas anticorrupción: pues anunció su negativa a darle facultades para este tema, y ha hecho pública una propuesta de ley de manos de Yeni Vilcatoma, bastante endeble y que no será una solución anticorrupción, sino más bien un problema más. La disputa es evidente.

A su vez, parece que el Ejecutivo anda con pocas ganas de dar la lucha. Desde las líneas del partido de gobierno advierten que renunciarán a solicitar delegación de facultades en materia anticorrupción ante lo señalado por los voceros fujimoristas. Esto sería una mala noticia y una mala estrategia. Y si el fujimorismo sigue empecinado en obstruir las iniciativas anticorrupción y omite ̶ tal vez convenientemente ̶ ver al sector justicia como uno de los nudos de los problemas en esta materia, simplemente la impunidad seguirá.

Hace falta que el Ejecutivo luche algunas medidas anticorrupción y genere una corriente de opinión en torno a estas que obligue a reaccionar a la bancada mayoritaria del Congreso. Porque si las cosas siguen así, seguiremos sin política anticorrupción.

(Lilia Ramírez Varela)

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