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Walter Albán
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Las matanzas de Trujillo
16
Diciembre
2009
Las denuncias formuladas semanas atrás, en torno a una supuesta actuación de un comando policial para asesinar a presuntos delincuentes en la ciudad de Trujillo, ha generado una discreta controversia que plantea, de un lado y como corresponde, la condena de estos hechos y la perentoria necesidad de que, de ser confirmados, se proceda a sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. De otro lado, sin embargo, surgen desde distintos ámbitos expresiones que intentan, desde relativizar la gravedad de la denuncia, hasta defender desembozadamente una actuación policial de esa naturaleza, y preocupa más que esto último provenga en buena medida de sectores de la sociedad civil trujillana.
El temor y la ansiedad son sentimientos que se extienden comprensiblemente en una población que se siente amenazada por la violencia y el crimen, pero cuando esos sentimientos son los que guían las medidas necesarias para combatir ese flagelo, sólo podemos esperar empeorar las cosas, regresando al primitivismo de pretender resolver los problemas con más sangre y muertes, generando con ello una espiral de violencia que luego no encuentra manera de poder ser controlada.
Por eso resulta tan peligroso que, cuando se presentan indicios razonables de que existe o habría existido en Trujillo un denominado “Escuadrón de la Muerte”, no solamente surjan voces que pretenden defender esta modalidad criminal con la que se pretende paradójicamente hacer frente al crimen, sino que se constate además que, aquél oficial a quien se identifica como el presunto responsable operativo de estas matanzas, haya sido desde mucho antes motivo de homenajes, reconocimiento y hasta de ascensos en su carrera policial. Paralelamente, se dan a conocer situaciones alarmantes de supuestas amenazas a los miembros del Ministerio Público que deberían llevar adelante las investigaciones, dando lugar incluso a la renuncia de la primera Fiscal que se abocó al conocimiento del caso.
Todo esto resulta muy preocupante y nos advierte de una seria descomposición institucional en el país. Si no reaccionamos a tiempo, si no tenemos el cuidado de separar la paja del trigo y reclamar de nuestras instituciones un comportamiento digno, capaz de actuar eficientemente en su lucha contra el crimen, sin incurrir en prácticas violatorias de los derechos humanos, trasgrediendo lo establecido en la Constitución y la ley, poco habremos evolucionado como sociedad, y no habríamos aprendido ninguna lección de los duros años de la violencia política de la que dio cuanta la CVR en su informe final hace ya 5 años.
Esta es una muestra más de la necesidad de no claudicar en la lucha contra la impunidad, de no permitir que se diluya la memoria de lo que nos tocó vivir en las décadas de la violencia, en la que decenas de miles de peruanos, sufrieron de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, como producto de una guerra que tuvo su origen, sin duda, en el comportamiento criminal de una organización como Sendero Luminoso, pero que lamentablemente dio lugar a una respuesta estatal que, en buena medida, incurrió en los mismos crímenes y conductas de manifiesto desprecio por la vida e integridad de las personas.
Aquella pesadilla no debe regresar a atormentarnos nunca más, y por eso es indispensable no esconder la cara o desatender aquello que debemos hacer para evitarlo. Cuidado, los hechos de Trujillo bien pueden ser una campana de alerta de un problema más profundo y extendido que los peruanos y peruanas del presente, no estamos percibiendo en su exacta dimensión. El crimen no se combate con más crímenes, la base ética que debe alimentar la actuación del Estado para poder enfrentarlo con éxito, demanda un tajante y claro deslinde con quienes quieren agazaparse en él, para finalmente atentar contra los derechos de todos quienes aspiramos a una convivencia pacífica y democrática.
Las denuncias formuladas semanas atrás, en torno a una supuesta actuación de un comando policial para asesinar a presuntos delincuentes en la ciudad de Trujillo, ha generado una discreta controversia que plantea, de un lado y como corresponde, la condena de estos hechos y la perentoria necesidad de que, de ser confirmados, se proceda a sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. De otro lado sin embargo, surgen desde distintos ámbitos expresiones que intentan, desde relativizar la gravedad de la denuncia, hasta defender desembozadamente una actuación policial de esa naturaleza, y preocupa más que esto último provenga en buena medida de sectores de la sociedad civil trujillana.
El temor y la ansiedad son sentimientos que se extienden comprensiblemente en una población que se siente amenazada por la violencia y el crimen, pero cuando esos sentimientos son los que guían las medidas necesarias para combatir ese flagelo, sólo podemos esperar empeorar las cosas, regresando al primitivismo de pretender resolver los problemas con más sangre y muertes, generando con ello una espiral de violencia que luego no encuentra manera de poder ser controlada.
Por eso resulta tan peligroso que, cuando se presentan indicios razonables de que existe o habría existido en Trujillo un denominado “Escuadrón de la Muerte”, no solamente surjan voces que pretenden defender esta modalidad criminal con la que se pretende paradójicamente hacer frente al crimen, sino que se constate además que, aquél oficial a quien se identifica como el presunto responsable operativo de estas matanzas, haya sido desde mucho antes motivo de homenajes, reconocimiento y hasta de ascensos en su carrera policial. Paralelamente, se dan a conocer situaciones alarmantes de supuestas amenazas a los miembros del Ministerio Público que deberían llevar adelante las investigaciones, dando lugar incluso a la renuncia de la primera Fiscal que se abocó al conocimiento del caso.
Todo esto resulta muy preocupante y nos advierte de una seria descomposición institucional en el país. Si no reaccionamos a tiempo, si no tenemos el cuidado de separar la paja del trigo y reclamar de nuestras instituciones un comportamiento digno, capaz de actuar eficientemente en su lucha contra el crimen, sin incurrir en prácticas violatorias de los derechos humanos, trasgrediendo lo establecido en la Constitución y la ley, poco habremos evolucionado como sociedad, y no habríamos aprendido ninguna lección de los duros años de la violencia política de la que dio cuanta la CVR en su informe final hace ya 5 años.
Esta es una muestra más de la necesidad de no claudicar en la lucha contra la impunidad, de no permitir que se diluya la memoria de lo que nos tocó vivir en las décadas de la violencia, en la que decenas de miles de peruanos, sufrieron de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, como producto de una guerra que tuvo su origen, sin duda, en el comportamiento criminal de una organización como Sendero Luminoso, pero que lamentablemente dio lugar a una respuesta estatal que, en buena medida, incurrió en los mismos crímenes y conductas de manifiesto desprecio por la vida e integridad de las personas.
Aquella pesadilla no debe regresar a atormentarnos nunca más, y por eso es indispensable no esconder la cara o desatender aquello que debemos hacer para evitarlo. Cuidado, los hechos de Trujillo bien pueden ser una campana de alerta de un problema más profundo y extendido que los peruanos y peruanas del presente, no estamos percibiendo en su exacta dimensión. El crimen no se combate con más crímenes, la base ética que debe alimentar la actuación del Estado para poder enfrentarlo con éxito, demanda un tajante y claro deslinde con quienes quieren agazaparse en él, para finalmente atentar contra los derechos de todos quienes aspiramos a una convivencia pacífica y democrática.
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Copenhague: Es hora de una acción decidida
10
Diciembre
2009
El planeta está en crisis, se calentará 2 grados centígrados cuando menos, y eso sólo si se logran una reducción sustancial de la emisión de gases que producen el efecto invernadero. El Perú es uno de los países más afectados del planeta.
Ante esta situación, debemos presionar hasta lograr que la Cumbre de Copenhague apruebe compromisos fuertes, de reducciones sustanciales de emisiones de gases por parte de EEUU, Europa y China y demás países que aseguren detener el calentamiento global y con mecanismos que aseguren la supervisión y cumplimento de los acuerdos.
Para que los países más pobres, menores emisores de gases de efecto invernadero como el Perú y víctimas mayores del cambio climático, puedan mitigar los efectos de la situación y sobretodo para adecuarse a las nuevas circunstancias, se necesitan alrededor de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Estos recursos deben ser aportados por los países más responsables de la crisis, los países industrializados, que deben asignar recursos sustanciales no reembolsables a los países más vulnerables para que implementen autónomamente sus planes y estrategias de adaptación y mitigación.
Alan García Pérez habla pero ni siquiera se compromete a asistir al foro donde se juega el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, con la complicidad de su ministro del ambiente, persiste en la entrega de concesiones petroleras y mineras en los bosques tropicales que son sumideros naturales de gases de efecto invernadero y son fuentes de agua.
Frente a esta situación, el Movimiento Tierra y Libertad propone la modificación del actual modelo de desarrollo, con la puesta en práctica de normas y políticas claras para el adecuado manejo de los recursos de vida y hacia un desarrollo colectivo propio, sostenible e inclusivo, con principios éticos que destierren la corrupción y promuevan estilos de vida solidarios y en armonía con la naturaleza de la que somos parte:
1.Promover la agricultura local y sustentable, garantizando la soberanía alimentaria, protegiendo los recursos de agua y tierras y privilegiando la inversión en educación y salud.
2.Promover y compartir tecnología verde.
3.Promover un desarrollo alternativo mediante el fortalecimiento de mercados locales, lo que permitirá la afirmación de una economía descentralizada y descentralista.
4.Favorecer proyectos energéticos descentralizados y más pequeños y el respeto al derecho a la tierra de los pueblos indígenas, promoviendo el desarrollo sostenible basado en el ordenamiento territorial y el manejo de los riesgos asociados al cambio climático.
5.Tener una estrategia de información y educación ambiental, orientada a reducir los riesgos, especialmente sobre los más pobres.
Debemos, en suma, reconciliarnos con nuestro ecosistema, afectado y maltratado durante más de cinco siglos, para construir un nuevo modelo social basado en el derecho a la vida que salvar al planeta y a la humanidad.
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El derecho a ser bien atendido
11
Diciembre
2009
Sigue la puesta en marcha de la Escuela Mayor Secundaria, (EMS) para alumnos con mayor talento. Hemos señalado que el derecho de los niños y adolescentes “superdotados” a recibir una educación acorde con sus necesidades educativas especiales era un vacío en la política educativa. Propusimos, de acuerdo a la Ley General de Educación (LGE), empezar en cada región, como en la educación especial para alumnos con discapacidad, con la inclusión en aulas regulares y “la atención complementaria y personalizada que requieren”.
Con ello se propone consolidar la incipiente educación inclusiva que este gobierno sigue, en continuidad del anterior. Se empieza sin embardo con otra estrategia, creando un internado en Lima, con local provisional y tanteos pedagógicos. El diseño de la Escuela Mayor Secundaria aparece diferente netamente de todas las orientaciones, políticas, normas, prácticas pedagógicas y de gestión del Ministerio de Educación. La referencia al diseño curricular nacional del prospecto de admisión Promoción 2010-2012, es puramente formal.
Los planteamientos curriculares de la EMS cuyos tres pilares fundamentales mezclan: el proyecto de vida social, el proyecto personal y la epistemología y filosofía de la ciencia, no lo veo basado en el Diseño Curricular Nacional. Tampoco su plan de estudio, plan curricular, horario, (14 a 18 horas diarias). No perecen haber pasado por la revisión de un grupo de docentes de secundaria y educación especial.
Difícil comentar la composición del personal propuesto. No conozco ninguna propuesta de gestión parecida y no respeta ninguna ley sobre personal docente. La organización de EMS contará con el siguiente cuerpo de personal: El director, los mentores, los preceptores, los especialistas, los maestros, los consejeros, los asistentes de cátedra, los honorarios, los tutores, los ingenieros de medios educativos.
Un punto delicado de toda educación son las figuras ejemplares que se proponen. El Prospecto señala los modelos para todos los peruanos, estipula que “El Colegio Mayor, como institución, recibe inspiración de destacados personajes que contribuyen al progreso de la humanidad y que son un modelo para todos nosotros. Entre los primeros invitados a este selecto grupo están: Stone Wiske (Harvard) David Cavallo (Massachusetts Institute of Technology) Pierre Léna (Academia Francesa) Antonio Battro (Academia Pontificia de Ciencias) Nicholas Negroponte (Massachusetts Institute of Technology)”.
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