Alberto Otárola: No correspondía dictar prisión preventiva para exsocios de Odebrecht

El abogado de Ollanta Humala dijo que todas las decisiones especialmente del juez Richard Concepción Carhuancho van orientadas a dictar prisión preventiva a los procesados.

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Alberto Otárola - Ideeleradio
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Ideeleradio.- A los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht les correspondía que se les dicte una medida restrictiva distinta a la prisión preventiva, consideró Alberto Otárola Peñaranda, abogado del expresidente Ollanta Humala.

Fue al comentar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la orden de prisión preventiva por 18 meses para José Alejandro Graña Miró Quesada (expresidente del directorio de Graña y Montero); Hernando Alejandro Graña Acuña (exdirector de Graña y Montero); Fernando Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.); y José Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

“No correspondía una prisión preventiva [para los empresarios]. Me parece por lo que he visto en la audiencia —que ha sido larga— que ahí correspondía una medida restrictiva distinta, porque incluso entregaron sus pasaportes”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Lo excepcional se ha convertido en la regla general. Todas las decisiones especialmente del juez Richard Concepción Carhuancho van orientadas hacia eso. Vienes con esta investigación, solicitas la prisión preventiva y te vas para la medida más gravosa”, agregó.

Hay una visión excesiva del proceso penal

El exministro consideró que la justicia no se debe medir por lo que dicen las encuestas. Sostuvo que muchas veces una decisión judicial no necesariamente tiene que ser popular.

“[¿Cree que porque se dio prisión preventiva a Ollanta y Nadine, entonces ya no les queda otra salida con otros procesados?] Es una visión pantagruélica (excesiva) del proceso penal, es decir la mesa está servida que se vayan todos a la cárcel y no es así. La justicia no se debe medir por encuestas. A veces una decisión judicial no es popular”, argumentó.

“No podemos meter en el mismo saco a todas las personas que están siendo investigadas porque todo el Perú o la mayoría de la ciudadanía pide prisión efectiva para estas personas. Estamos malentendiendo el sentido filosófico de la administración de justicia, que es dar a cada uno lo justo y en la exacta medida”, apuntó.

Hay mucha presión

Otárola Peñaranda consideró, además, que en estos momentos hay mucha presión y que se necesita analizar el nuevo modelo procesal, que está siendo abusivo en casos complejos.

“No me explico cómo puede ser eficaz una audiencia que dura 14 y 18 horas y, luego, de dos o tres horas el juez determina una medida como la prisión preventiva. […]  Uno entrega su pasaporte, y si se acredita que no hay peligro de fuga y procesal, dicta otras medidas para asegurar que estas personas participen adecuadamente de la investigación”, explicó.

“Ahí hay una contradicción directa a lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional que le dice a todos los jueces que cuando tengas que limitar la libertad de un investigado, no te vayas a la medida más grave y que tienes un abanico de posibilidades previas,  para que se desarrolle de la manera más eficaz y eficiente”, puntualizó.

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